Interés General


Discuso magistrado Antonio Suárez en Berlín por los 110 años de la DRB

Discuso magistrado Antonio Suárez en Berlín por los 110 años de la DRB

110 años de la DRB y 30 años de relación solidaría con el poder judicial colombiano

En primer lugar, presento un saludo respetuoso a la prestigiosa Asociación Alemana de Jueces y Fiscales – DRB – por sus 110 años de fundación, que no son pocos, pero en todo caso demuestran lo importante que ha sido para la democracia y la proyección del Estado de Derecho. Y, además, en nombre del poder judicial colombiano y de sus víctimas y familiares empiezo por reconocer y agradecer su presencia solidaria en Colombia durante 30 años a través del Fondo de Solidaridad con el Poder Judicial, FASOL.

1. Porqué llegamos a Alemania

Hace 30 años, en 1989, el poder judicial colombiano afrontaba la realidad de tener más de 220 jueces, magistrados y funcionarios asesinados; más de mil jueces habían recibido amenazas de muerte y al menos cincuenta de ellos estaban en grave peligro. Era una situación de zozobra permanente que lanzó al exilio Nubia Serrano e Iván Motta, presidente y secretario general de la Asociación de Jueces  ASONAL JUDICIAL. En ese año salí del país en medio de amenazas a denunciar la situación, pues ya se habían producido los hechos del Palacio de Justicia de noviembre de 1985,  en que más de cien integrantes del poder judicial resultaron muertos en un enfrentamiento entre las fuerzas armadas del Estado que no respetaron el clamor del presidente de la Corte Suprema de Justicia quien con angustia pidió que cesara el fuego para que se pudiera dar una salida incruenta a la toma y el grupo guerrillero M – 19 y, luego, una masacre en el sitio denominado La Rochela de enero de 1989 cuando un grupo paramilitar con el concurso de miembros de la fuerza pública causó la muerte de 2 jueces y 10 funcionarios del poder judicial. Pero en 1989, cuando sentíamos que llegaría una arremetida violenta contra la justicia pasó lo mejor: nos encontramos en Düsseldorf con Rainer Voss, un juez alemán cálido, de una altura física igual a su sensibilidad, que ocupaba el cargo de Presidente adjunto de la Asociación de Jueces y Fiscales de Alemania, DRB. Así, con la intervención esencial de Gabriel Sierck y de Misereor nació la idea de recolectar dinero entre los jueces alemanes para crear un fondo destinado a ayudar a los familiares de nuestros compañeros asesinados y amenazados. Ese es el Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos, FASOL y en su creación legal en Bogotá participaron el ex canciller Alfredo Vásquez Carrizosa y los sacerdotes jesuitas Francisco de Roux – hoy presidente de la Comisión de la Verdad surgida de los acuerdos de paz firmados por el gobierno colombiano con la guerrilla de las Farc – Horacio Arango y Bernardo Botero. Además, en su proyección posterior jugaron un rol importante Blanca Anaya, el juez Evelio Hoyos y el sacerdote Gabriel Izquierdo, quien fue su presidente durante 7 años.

2. FASOL: el rostro de la solidaridad

Hemos sentido  en estos 30 años de relación fraternal con el poder judicial alemán la presencia de sus magistrados, jueces y fiscales, y eso nos ha permitido entender que en la dura brega por exigir respeto a nuestras vidas siempre contamos con ustedes no solo con sus exigencias al gobierno colombiano para que tome las decisiones a que está obligado en la defensa del poder judicial sino con sus contribuciones económicas voluntarias para fortalecer a Fasol. Rainer Voss dijo alguna vez refiriéndose a la ayuda del poder judicial alemán que eso “es lo mejor que DRB haya realizado a lo largo de su historia”, y esas palabras nos han conmovido de tal manera que todos los días nos comprometen a seguir luchando para conseguir mejores condiciones en el ejercicio de nuestra actividad de jueces en Colombia.

Desde 1991 hasta la fecha Fasol ha documentado 1463 acciones violatorias contra jueces y funcionarios del poder judicial, consistentes en 389 muertes y los demás hechos constitutivos de torturas, amenazas, atentados, desapariciones, exilios, secuestros y desplazamientos forzados. En lo que va corrido de 2019 se han presentado 7 amenazas y 2 atentados contra integrantes del poder judicial y entre enero de 1991 y diciembre de 2018 hemos atendido 547 familias, 230 jóvenes y 286 niños, para un gran total de 1070 personas atendidas, a través de grupos regionales creados en 18 departamentos, en una asistencia que implica hacer frente a situaciones de riesgo, realizar denuncias de presiones de actores armados y, en algunas ocasiones, acudir ante diferentes instancias para lograr la salida del país de las personas amenazadas junto con sus familias, labores en las cuales contamos con el acompañamiento de organizaciones defensoras de derechos humanos.

La labor de Fasol también ha estado dirigida a ayudar con becas de estudios a los hijos de nuestras víctimas, prestar ayuda sicológica a los familiares de las personas afectadas a través de la realización de encuentros entre ellas y con víctimas de otros sectores y desde la perspectiva del trabajo en las regiones se han constituido 4 observatorios regionales para la prevención y protección a la justicia en los departamentos donde la situación es más crítica: Valle del Cauca, Chocó, Antioquia y Arauca, y se tienen proyectados 3 observatorios más para el próximo plan trienal que comienza en agosto de este año. También Fasol participó y sigue interviniendo en los escenarios en los cuales se denuncian los hechos constitutivos de violación de los derechos humanos pues hemos entendido que nuestra actividad hace parte de la lucha de la sociedad colombiana por construir un Estado democrático de derecho.

3. La situación actual. La lucha por la paz

El 24 de noviembre de 2016 se firmó el Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc luego de más de 4 años de conversaciones entre las partes, para lo cual se consideró indispensable apuntar a aquellos factores que explicaban en gran medida la existencia de la insurgencia armada. Las negociaciones de paz llevaron a acordar (i) el desarrollo rural integral (ii) reforma política y participación ciudadana prohibiendo la violencia como método de acción de política (iii) fin del conflicto armado y reincorporación de los guerrilleros a la vida política (iv) solución al problema de las drogas ilícitas y sustitución de los cultivos, en un marco de lucha contra la criminalidad organizada asociada al narcotráfico (v) el acuerdo sobre las víctimas como punto central, contexto en el cual juega un papel esencial la justicia transicional, creada para terminar conflictos o hacer frente a situaciones graves y generalizadas de violación de los derechos humanos, lo que llevó a la creación de la Comisión de la Verdad como mecanismo extra judicial y de la Unidad Especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto armado y de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP – creada para  investigar y sancionar las violaciones graves de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

Esos acuerdos han generado importantes reclamos y movilizaciones en varias regiones del país porque es evidente que no se ha cumplido por el gobierno nacional gran parte de lo suscrito a pesar de que la mayoría de los integrantes de la guerrilla se desmovilizó. En lo que respecta a las medidas de reparación integral para la construcción de la paz, prevención y protección de los derechos humanos, los hechos más preocupantes son, sin lugar a dudas, el sistemático asedio a ex combatientes de las Farc, hoy convertidas en partido político lo que arroja unos cifras escalofriantes: a la fecha, después de la firma del Acuerdo, han resultado muertos en acciones violentas 40 ex guerrilleros y, en un ambiente de eliminación de la protesta social, según datos de la Defensoría del Pueblo entre enero de 2016 y febrero de 2018 fueron asesinados 282 líderes sociales, como reclamantes de tierras, dirigentes locales de acciones comunal,  defensores de derechos humanos y personas dedicadas a la erradicación manual de cultivos ilícitos que actuaban en las regiones, todo ello en un accionar que no cuenta con una respuesta estatal acorde con las circunstancias, dejando de lado que esos hechos, que en la práctica constituyen reveses del pos acuerdo, se han presentado en lo fundamental en las regiones dejadas por la guerrilla luego de que se produjera su desmovilización. Tales regiones, que cubren buena parte del territorio nacional están altamente militarizadas y, al mismo tiempo, presentan fuertes procesos de organización y movilización social en medio de enormes cultivos ilícitos y la existencia de actividades extractivas legales o ilegales.

En ese contexto es que debemos desarrollar  nuestro trabajo los jueces colombianos, por lo cual también se siguen presentando amenazas y la realidad de no poder ejercer la actividad jurisdiccional en términos normales en algunas regiones de Colombia como los departamentos del Cauca, Nariño, Chocó, Arauca, Antioquia y Norte de Santander o en determinadas jurisdicciones como la creada para la restitución de tierras a personas despojadas a través de la violencia. Fuera de las escalofriantes cifras que he mencionado solo entre los meses de enero y marzo de 2019 fueron amenazados 7 jueces, asesinado 1 fiscal y se presentaron atentados contra otros 2 operadores jurídicos.

Así, con el panorama que se presenta demandamos de los jueces y fiscales alemanes estrechar aún más nuestras relaciones en la seguridad de no estar solos en esta dura lucha por el Estado de Derecho para que se respete la independencia judicial en Colombia y se proteja la vida de los jueces colombianos. Por eso proponemos que a través de comunicaciones y de mecanismos legales se exija al gobierno colombiano la creación de políticas públicas orientadas a garantizar la seguridad de los jueces como elemento esencial de protección de su independencia y que se estudie la posibilidad de acompañamiento del poder judicial en el trabajo de la Justicia Especial para la Paz – JEP – que hoy afronta una arremetida de parte de quienes no quieren que se sepa la verdad sobre el papel que jugaron en los horrores de la guerra que estamos superando, a fin de fortalecer sus funciones en el propósito de garantizar los derechos de las víctimas que son el centro de la justicia transicional.

Es necesario, entonces, exigir el cumplimiento del Acuerdo suscrito con la insurgencia para que el Estado llegue en términos democráticos a las regiones de las cuales salió la guerrilla pues de lo contrario se producirán nuevas violencias que, desde luego, ponen en peligro la vida de los jueces que deben actuar en esos territorios. Es necesario que el mundo sepa que la paz en Colombia está en peligro no solo por el incumplimiento de parte del gobierno de algunos de sus compromisos sino por la ofensiva que existe en la actualidad contra la JEP.

Desde su creación Fasol, con la compañía de la Asociación Alemana de Jueces y Fiscales, ha participado en todos los escenarios de defensa de los derechos humanos en Colombia, por eso consideramos importante que la paz acordada con la insurgencia siga su desarrollo porque estamos convencidos de que la guerra es la primera violación de esos derechos, y participamos en la Comisión de la Verdad e intervendremos en los procesos que se tramiten y que estén relacionados con hechos en los cuales fueron víctimas jueces, fiscales y funcionarios.

Sabemos de su solidaridad y, de nuevo gracias, porque estamos convencidos de que podemos seguir contando con ustedes.

Berlín, 5 de abril de 2019.





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