Interés General


En Colombia la justicia está en peligro

En Colombia la justicia está en peligro

Investigaciones a costa de la propia vida y la familia

18.11.2016

Por Anne Schneiderhan

Lejos de los tratados de paz en la Habana, jueces y fiscales colombianos arriesgan con su trabajo sus vidas y las de sus familiares. Anne Schneiderhan visitó la organización humanitaria que se encarga de estos juristas.

El Presidente Juan Manuel Santos recibirá el Premio Nobel de la Paz de este año por sus esfuerzos por conseguir la paz en Colombia. Pese a que a comienzos de octubre del 2016 el Tratado de Paz con el grupo guerrillero las FARC fue rechazado por la población con una ligera mayoría, las negociaciones no se cesarán. Aún hay esperanza de que llegue el fin de una guerra civil prolongada por más de 50 años. El cierre de paz entre el gobierno y las FARC es el paso correcto y además importante.

Sin embargo, indiscutiblemente no es la solución perfecta para los problemas del país. Los jueces y los fiscales se ven obligados a enfrentarse con frecuencia en su labor cotidiana contra la corrupción, la intimidación y las amenazas. Sobre todo en el campo, la justicia se encuentra sin protección y a la merced de las maquinaciones de bandas criminales.

En el año 2015 hubo un total de 65 actos registrados de violencia dirigida directamente a jueces o a fiscales. La organización no gubernamental FASOL (Fondo de Solidaridad con los Jueces colombianos) es la única organización que se encarga de manera deliberada de las víctimas de esta violencia que va en contra de la justicia. Durante mi visita en las oficinas en el centro de la capital, Bogotá, fui cordialmente recibida por el director Carlos Ojeda. Él y Julián Salazar, el consejero jurídico, me explicaron la historia de la ONG, así como los problemas ante los que se están enfrentando en la actualidad. En particular, la trágica historia de una fiscal del departamento del Valle del Cauca fue impresionante.

Frecuentes asesinatos por bandas criminales

La fiscal, que por motivos de seguridad debe permanecer anónima, entabló investigaciones contra 30 miembros de una banda armada que eran conocida por pertenecer al Clan Úsuga; muy presente y temido en toda Colombia. Gracias a los esfuerzos de La fiscal, ocho personas fueron detenidas. Al principio fue celebrada por sus superiores como una indagadora ejemplar. Pero cuando ella recibió amenazas de muerte en contra de sí misma y de su familia, y por consiguiente pidió protección personal a las autoridades competentes, la gente comenzó a distanciarse pronto de ella.

Aún antes de que la solicitud de protección personal fuese tramitada, los criminales ya habían matado a tiros a dos de sus hermanos. Poco después su madre apenas se salvó de otro intento de asesinato. La fiscal y 15 de sus parientes tuvieron que abandonar su pueblo por miedo a perder sus vidas. Desde hace tres años viven en clandestinidad, desplazados de su hogar y aún siguen siendo amenazados. Apenas hace pocos meses dos miembros de su familia regresaron cerca a su pueblo natal. Solo por un golpe de suerte se pudo prevenir que los asesinaran.

A la vehemente fiscal le afecta muy duro el que no pueda continuar ejerciendo su carrera y sufre de una depresión severa. No recibe apoyo alguno por parte del estado. FASOL es el único lugar de donde ella recibe ayuda alguna. Ahora todos están a la espera de que ella y su familia reciban asilo político en el exterior, siendo esto su único escape por el momento. 

“La forma de la violencia a evolucionado”

Esta historia no es un caso particular. FASOL asiste, entre otros, a un juez que tuvo que desaparecer por recibir amenazas de muerte. Bien es verdad que los asesinatos en contra de jueces y fiscales disminuyó en los últimos años. Entre 1989 y 2013 hubo un total de 300 asesinatos, pero en el 2014 fueron aún unos siete y en el 2015 solo uno. Por el contrario, las amenazas de violencia aumentaron drásticamente.

“La forma de violencia a evolucionado”, explica Ojeda y expone, casi sínico: “antes, un juez era asesinado de una y el asunto quedaba concluido. Ahora se les amenaza con que le va a pasar algo malo a sus familiares”. En las estadísticas solo aparecen las muertes de los mismos funcionarios públicos. Las amenazas contra los parientes es, sin embargo, un medio efectivo para intimidar a la justicia.

Además, esta clase de amenaza es más difícil de restringir. Está dirigida a un circulo de personas más grande y es más difícil de proteger. No en todos los casos termina con la renuncia del cargo de la persona en mira, sino que se puede prolongar por un tiempo indefinido, intimidando así a familias enteras. Sobre todo bandas criminales que no pertenecen a ninguna guerrilla política, sino que solo buscan un beneficio de carácter económico, se aprovechan del desamparo de la justicia en las áreas rurales, para así imponer su dominio.

La protección por parte del estado no es suficiente – o ni siquiera efectiva

El Estado, como empleador casi ni ofrece ayuda en esta clase de casos. Lo único que puede hacer un juez o un fiscal que recibe amenazas de muerte, es hacer una petición para recibir protección personal. Sin embargo, según Ojeda, el trámite de estas solicitudes tarda unas dos semanas. Muy largo tiempo si se encuentra bajo una amenaza inminente.

Encima de todo, a menudo los recursos solo alcanzan para medidas insuficientes de protección. Por ejemplo, un grupo de cinco jueces de un área rural recibió sólo un vehículo con vidrios blindados. No fueron protegidos en sus viviendas. Un pariente de uno de los jueces fue asesinado en su propio hogar. Así mismo, el proceso de aprobación es confuso y no verificable por personas ajenas al asunto. De esta manera, los funcionarios públicos son totalmente dependientes de la voluntad de las autoridades competentes.

FASOL ofrece apoyo durante este proceso, pero a su vez tiene a menudo las manos atadas. Si el desaparecer es la única salida, la organización ayuda con el traslado. Además ellos ofrecen apoyo financiero para las familias de las víctimas.

Más que sólo una ayuda financiera

Esta fue la preocupación principal de la organización en su inauguración en el año 1992. Sobre todo, los niños de los jueces asesinados deben tener la oportunidad de recibir una buena educación y en lo posible estudiar en una universidad. Cuando se comprobó que las víctimas y sus familiares estaban con frecuencia severamente traumatizados por estas experiencias, se amplió la oferta de una asistencia psicológica.

Hoy en día FASOL ofrece además de apoyo material, asesoría jurídica y ayuda concreta, ya sea con la solicitud de protección personal o con los trámites de asilo. En el futuro se fijará el foco en las medidas preventivas. Se debe concientizar a los jueces y a los fiscales de los peligros, sobre todo a quienes se encuentran en las regiones afectadas. Además se les debe informar de las ofertas de ayuda ya existentes.

El deseo de Carlos Ojeda es que algún día FASOL ya no tenga que dar más de sí. Pero él suena más triste que optimista. Él no cree que la situación llegue a cambiar con el cierre del Tratado de Paz, ya que tanto en este tratado, como en los diálogos políticos actuales no se discuten los graves problemas de la justicia. A lo mejor esto cambie cuando las negociaciones de paz culminen. 

Esta historia no es un caso particular. FASOL asiste, entre otros, a un juez que tuvo que desaparecer por recibir amenazas de muerte. Bien es verdad que los asesinatos en contra de jueces y fiscales disminuyó en los últimos años. Entre 1989 y 2013 hubo un total de 300 asesinatos, pero en el 2014 fueron aun unos siete y en el 2015 solo uno. Por el contrario, las amenazas de violencia aumentaron drásticamente.

“La forma de violencia a evolucionado”, explica Ojeda y expone, casi sínico: “antes, un juez era asesinado de una y el asunto quedaba concluido. Ahora se les amenaza con que le va a pasar algo malo a sus familiares”. En las estadísticas solo aparecen las muertes de los mismos funcionarios públicos. Las amenazas contra los parientes es sin embargo un medio efectivo para intimidar a la justicia.

Además, esta clase de amenaza es más difícil de restringir. Está dirigida a un circulo de personas más grande y es más difícil de proteger. No en todos los casos termina con la renuncia del cargo de la persona en mira, sino que se puede prolongar por un tiempo indefinido, intimidando así a familias enteras. Sobre todo bandas criminales que no pertenecen a ninguna guerrilla política, sino que solo buscan un beneficio de carácter económico, se aprovechan del desamparo de la justicia en las áreas rurales, para así imponer su dominio.

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Traducido por: David Yañez

Artículo original: 
http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/kolumbien-justiz-bedroht-fasol-richter-staatsanwaltschaft/



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