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La Rama Judicial y los diálogos de paz en La Habana

El proceso de paz entre las FARC-EP y el gobierno colombiano ha sido un proceso sin precedente alguno gracias a los cinco puntos que se plasmaron en el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Esta agenda que se ha venido desarrollando desde agosto de  2012,  ha puesto sobre la mesa temas neurálgicos como las drogas ilícitas, el fin del conflicto, participación política y víctimas. Asimismo, es un proceso que ha recogido experiencias aprendidas de procesos de paz a nivel global las cuales han servido de insumo para  consolidar una transición exitosa hacia la paz y la reconciliación.

Una vez firmado el acuerdo los  desafíos para su implementación será enormes, en donde los colombianos y las instituciones del Estado jugaran un papel fundamental hacia la (re)construcción del Estado Colombiano. Ya que este es el momento ideal para edificar una nueva sociedad con fundamentos axiológicos que nos permita vernos a todos en paz y  seamos capaces de tramitar nuestras diferencias de forma pacífica y bajo el dialogo democrático. Muy seguramente, cada punto acordado implicará una reforma sustantiva y estructural a  las entidades del Estado para que tengan capacidad de responder ante lo pactado en los acuerdos y permita generar una confianza cívica en el proceso de posconflicto.

A pesar de esto, observamos con preocupación la total desatención que ha tenido la rama judicial dentro de estos diálogos. Más allá de que en el punto cinco se halla elaborado un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición y dentro de sus componentes se encuentre la jurisdicción especial para la paz, no se ha discutido el Estado actual de la justicia en el Estado colombiano. Para nosotros la  rama judicial y en especial su función de administrar justicia tienen un rol preponderante en la etapa de posconflicto. Sin embargo, en lo que atañe a este  punto el silencio parece impregnar cada uno de los acuerdos que se han firmado hasta el momento. Quizás se puede pensar que no es el momento político para tratar este tema tan espinoso y álgido  como es la administración de justicia en Colombia.

A pesar de esto, consideramos que  este proceso transicional es una oportunidad única  para hacerse preguntas trascendentales que tengan la capacidad política para impulsar transformaciones. Así las cosas, si el escenario transicional y su momentum no son aprovechados para discutir proyectos de largo plazo que requieren una transformación radical en el orden injusto, no solo poco provecho se hará de él, sino que además no aplazará  - como sostienen los defensores de la implementación secuencial de medidas – sino que impedirá que estos temas sean resueltos.

Bajo este escenario consideramos fundamental la inclusión de la rama judicial en este dialogo al menos por tres razones:

1. la lucha contra la impunidad: en el posconflicto aumentará la demanda de justicia por parte de los ciudadanos en estas zonas rurales que han vivido en un continuo régimen de intimidación y que por fin han decidido  denunciar a sus victimarios antes los jueces. Esto implica que tanto el acceso a la justicia como su administración se  deben fortalecer y allí   es donde el Estado debe jugar un papel preponderante. Respecto del acceso a la justicia se debe ampliar la cobertura de despachos a lo largo y ancho de los municipios del país, en donde todos y cada uno de los habitantes de las regiones pueda tener acceso a la justicia. En lo que atañe a la administración de justicia, los despachos deben contar con un equipo técnico y humano que permita cubrir con celeridad y eficacia las demandas de justicia.  Contar con instalaciones adecuadas, bien distribuidas y con un puesto de trabajo para cada funcionario del despacho, así como personal suficiente y calificado. También,  se deben suplir las  herramientas informáticas (hardware y software) necesarias  para procesar  todos los casos.  Y  lo más importante, la seguridad con la que deben contar estos funcionarios, brindarles un esquema de  seguridad suficiente de tal forma que puedan realizar sus investigaciones y juicios de una forma imparcial, sin temor y con toda la convicción que están administrando justicia bajo el imperio de la ley. Muy seguramente, de la seguridad dependerá que la independencia judicial no se vea socavada y la gran mayoría de los casos puedan llegar a una sentencia.

3. dialogo entre mecanismos transicionales: se debe establecer la forma  en que se  articularán  la jurisdicción especial por la paz con la oferta de justicia ya existente, con la justicia ordinaria, así como la jurisdicción especial indígena. Por otro lado, también deberá articularse  con las dos justicias transicionales hoy existentes, a saber: justicia y Paz en materia penal y la restitución de tierras en materia civil.  Así como la  articulación de los jueces en los municipios -desde un enfoque territorial-  con la  jurisdicción especial por la paz, ya que  ésta se debe  desconcentrar  para ir a las regiones a escuchar a las miles de víctimas y victimarios allá donde están, en las zonas apartadas del país, mediante salas itinerantes que garanticen in situ la escenificación del perdón y la reconciliación

2. priorización y necesidades de las víctimas: la justicia es un valor insoslayable para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.  Sus necesidades de justicia y verdad serán conocidas en primera instancia   por los jueces colombianos ubicados en las zonas que más han sido afligidas por el conflicto armado. En la medida que sean satisfechos los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia  el proceso cobrará la confianza y la legitimidad necesaria para lograr una paz establece y duradera.

Comprendemos que todas estas medidas van de la mano de un fortalecimiento institucional, lo que sugiere de inmediato un trabajo fuerte de ingeniera estatal para procurar llevar todas  las instituciones  a estos municipios  y no solo las  instituciones,  sino también cobertura en servicios básicos como salud, agua potable y educación. Adicionalmente, debe ser de especial atención la seguridad de los empleados y funcionarios judiciales (en especial investigadores,  jueces penales y  jueces de restitución de tierras) con el fin de salvaguardar su independencia judicial que  contribuya   al fortalecimiento  de la justicia para garantizar la protección de los derechos y que no se  vuelvan  exacerbar nuevas cadenas de violencia.

Consideramos que el fortalecimiento de la justicia debe ir de abajo hacia arriba, respetando el enfoque local o regional que se le quiere dar a la implementación de los acuerdos. En donde se debe destinar  una partida de gasto, ya sea del fondo para el posconflicto o de recursos nacionales, especialmente dirigida a fortalecer a los despachos judiciales en los municipios, dinero canalizado  con absoluta transparencia y eficacia, monitoreando los resultados y sus impactos a nivel local. De esta forma, si se piensa un fortalecimiento institucional se debe empezar por el fortalecimiento de la justicia y su rol de gran importancia que sostendrá en el desarrollo del  posconflicto, ya que muy seguramente si el habitante de estas zonas observa que la justicia funciona y lo hace de manera rápida y efectiva, poco a poco ira retornando su confianza en el Estado.



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