Interés General


Óscar Pérez

“Con la vida de los jueces no se juega”: Néstor Correa, magistrado de la Judicatura

El mismo día que Pedro Manrique* se convirtió en juez de restitución de tierras en Quibdó (Chocó) entró en la lista de “objetivos militares” de las Águilas Negras. Su sentencia de muerte la recibió en un panfleto firmado por ese grupo paramilitar en mayo de 2012 y, como una manera de reprimir la amenaza, la Unidad Nacional de Protección (UNP) le asignó un esquema de seguridad. Una medida de protección que ha sido otorgada a la mayoría de jueces y magistrados del país que se encargan de devolver las tierras que fueron despojadas en medio del conflicto. Lastimosamente, en Colombia no es nuevo que un juez sea amenazado. Lo que pasa ahora, sin embargo, es que están perdiendo el mecanismo de defensa que les permite trabajar: sus esquemas de protección.

En una carta que le hicieron llegar al presidente Juan Manuel Santos la semana pasada, 26 jueces y magistrados de restitución de todo el país le solicitaron que tome medidas puntuales en el asunto para la protección de los funcionarios judiciales. “Después de casi cinco años de implementación de la política pública de Restitución de Tierras y Derechos Territoriales, los magistrados y jueces nos encontramos algunos con medidas de protección deficientes e ineficaces respecto al real riesgo inherente de nuestra función pública”, dice el escrito de cinco páginas conocido por El Espectador.

Además de alertar a la Presidencia sobre el retiro de los esquemas de seguridad de varios jueces y magistrados en todo el país, los autores de la carta aseguran que hoy en día el riesgo que corren es todavía más alto por la presencia y las presiones de estructuras de grupos armados ilegales, testaferros y colaboradores. Con el retiro del personal de seguridad, añade la misiva, “nos están sometiendo a la zozobra permanente de tener esquemas de seguridad que no se compadecen con el riesgo que supone quitarle la tierra a ilegales y testaferros”. A Pedro Manrique, por ejemplo, este año le retiraron su escolta y no tiene el celular que le asignaron en 2012. En esta misma situación están por lo menos 10 jueces y magistrados más.

Para Juan Carlos Betancur, experto en temas de restitución, hay otro problema diferente al retiro de los esquemas de seguridad. “En muchos casos, vemos que la UNP asigna una camioneta y un escolta, pero para tres magistrados de una misma sala. Yo pregunto: ¿Cómo hace una sola persona para proteger a tres funcionarios si todos tiene diligencias y casos en diferentes puntos de una ciudad?”, puntualizó Betancur, quien además señala que hay una diferencia entre la manera como la Rama Judicial y la UNP entienden el riesgo que corren los magistrados y jueces.

Para la Unidad, se trata de un riesgo ordinario y cada caso debe someterse a una evaluación de riesgo para que un comité interdisciplinario decida si es necesario o no el esquema de protección y cuál es la mejor manera de prestar el servicio. “La Rama Judicial, en cambio, parte de la base de que todos los jueces y magistrados de restitución de tierras tiene un riesgo extraordinario y que el Estado debe proteger a cualquier persona que, por su cargo público y su sacrificio para proteger a los más necesitados, ponga su vida en riesgo”, señaló Juan Carlos Betancur.

“No es un capricho que la Unidad Nacional de Protección esté retirando los esquemas de seguridad. Lo que estamos haciendo es revaluar caso por caso para determinar si es o no necesario seguir prestando el servicio”, le dijo a este diario un funcionario de la UNP. Sin embargo, para quienes han seguido de cerca la situación, la reducción de los escoltas, camionetas y otros mecanismos de seguridad se debe a un recorte del presupuesto que este año recibió la Unidad. El problema es que, mientras los esquemas se reducen, las agresiones, las amenazas y el miedo no desaparecen.

Un juez de Pereira, por ejemplo, fue perseguido por cuatro hombres encapuchados en una camioneta antes de que le robaran su computador, el celular y una tableta, y que le destruyeran todos los vidrios de su carro. El tema llegó a las oficinas de la UNP y, como respuesta al ruego del funcionario para que le mejoraran su seguridad, lo único que recibió fu un celular tipo Avantel. Para Néstor Correa, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura y el encargado para temas de restitución, el asunto es de extrema gravedad pues a diario está recibiendo oficios y comunicaciones de los 40 jueces y 15 magistrados que tratan el tema en el país.

La carta de los 26 funcionarios, fechada el 3 de mayo de 2016, fue enviada la semana pasada a la Presidencia. Hasta ahora, ni la UNP ni el Ministerio del Interior, entidad que se ha hecho cargo en pasadas ocasiones, tiene conocimiento del contenido. “Creemos que puede ser falta de presupuesto en la UNP. Pero de todas maneras, deberían hacer un esfuerzo especial”, afirmó el magistrado Néstor Correa, quien resalta la necesidad de un sistema de protección serio para las personas que se encargan de devolverles las tierras a quienes las perdieron por la guerra. El magistrado recuerda: “Con la vida de los jueces no se juega”.

* Nombre modificado por seguridad.



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